Historia de la Ex Clínica Santa Lucía
Dependiente de la Brigada de Salubridad de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –máximo organismo represivo de la dictadura a nivel nacional– la ex Clínica Santa Lucía fue dirigida por los doctores Vittorio Orvieto Teplisky y Werner Zanghellini Martínez, pasando por ella mujeres y hombres provenientes de otros centros de reclusión clandestinos como Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, 4 Álamos y Venda Sexy.
El origen del inmueble y sus usos en dictadura
En 1972 la casona de calle Santa Lucía número 162 fue comprada por Jaime Gazmuri Mujica, Secretario General del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), partido político que formó parte de la coalición de izquierda que permitió el triunfo del gobierno de la Unidad Popular (UP), encabezado por el médico socialista Salvador Allende Gossens en 1970. Desde ese momento la casona finalizó su rol residencial para convertirse en un espacio destinado a las actividades propias del movimiento político, siendo utilizado como la Sede Regional Metropolitana y de la Dirección Nacional del MAPU.
Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 la junta militar allanó y despojó el inmueble, amparada en el Decreto Ley N° 77 del 8 de octubre de 1973. Sin embargo, no sería hasta 1975 que el inmueble pasaría a manos el Estado. No obstante, existen antecedentes que demuestran que los agentes de la dictadura cívico-militar hicieron uso de este espacio desde 1973, Inicialmente el recinto fue utilizado por la agente de la DINA Ingrid Olderock, funcionando como dormitorio de la sección femenina de las agentes en formación.
Un año más tarde, en 1974, la casona es bautizada por la DINA bajo el nombre de “Clínica Santa Lucía”, bajo la consigna de ser un centro de salud para los funcionarios y agentes, siendo en realidad utilizada como recinto médico clandestino, dispuesto para la detención, la tortura y el exterminio de opositores a la dictadura cívico-militar. Desde ese momento, este inmueble contó en su interior con un equipo médico integrado por enfermeros, doctores, cirujanos, pediatras, psiquiatras y técnicos de apoyo administrativo, cuyo objetivo principal era prolongar la vida de las personas secuestradas y torturadas que se encontraban en malas condiciones físicas, las que posteriormente eran reingresadas a los centros de detención desde donde provenían.
Dependiente de la Brigada de Salubridad de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –máximo organismo represivo de la dictadura cívico-militar a nivel nacional– la ex Clínica Santa Lucía fue dirigida por los doctores Vittorio Orvieto Teplisky y Werner Zanghellini Martínez, quienes mantuvieron directa relación con el general Manuel Contreras, jefe de la DINA, pasando por ella mujeres y hombres provenientes de otros centros de reclusión clandestinos como Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, 4 Álamos y Venda Sexy.
Primeras acciones de denuncia
El 8 de octubre de 1976 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al inmueble de calle Santa Lucía N°162 como centro de detención clandestino, lo que dio pie a una campaña internacional de solidaridad con las víctimas de la violencia política y el terrorismo de Estado, iniciándose una campaña internacional de denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte.
Según consigna el Informe Valech, la Clínica Santa Lucía
“Está ubicada en la calle Santa Lucía N°162. Era una casa antigua, de cuatro pisos, con más de diez piezas; casi sin iluminación natural. Según las denuncias, en el último piso, en forma de buhardilla, se mantenían algunas celdas […]
Algunos detenidos dijeron que los llevaron a esa clínica para recibir tratamientos luego de haber sufrido torturas. Los testimonios señalan que los detenidos permanecían vendados, amarrados a la cama, constantemente sometidos a amenazas y a presión psicológica. Posteriormente desde aquí eran devueltos a los recintos de origen o trasladados a Cuatro Álamos”
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comsión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago de Chile, 2004, pp. 532-533.