El pasado viernes 23 de agosto se realizó una nueva jornada del ciclo de conversatorios “Miradas a los conflictos actuales”, organizado por el sitio de memoria Ex Clínica Santa Lucía. En esta oportunidad, tuvimos el privilegio de encontrarnos con Alejandra Donoso, abogada y directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental, quien nos presentó parte su trabajo en el contexto de una de las mayores crisis medioambientales que hoy vive nuestro país y que mantiene en alerta a las comunidades de Quinteros-Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Además de informarnos sobre el estado actual de esta crisis, la exposición de Alejandra abrió una interesante conversación acerca de las medidas que, tanto individual como colectivamente, deberíamos tomar en el corto y en el largo plazo para revertir este tipo de conflictos.

    Para Alejandra, la crisis que explotó a mediados de 2018 es un caso extremo de injusticia medioambiental. Hoy, la zona de Quinteros-Puchuncaví es un espacio de pobreza, de enfermedad y de muerte: el que algún día fuera un bello balneario enclavado en pleno litoral central, hoy muestra las características de una “zona de sacrificio”, es decir, un espacio cuyo ecosistema se encuentra altamente alterado a raíz de procesos productivos irresponsables y poco cuidadosos. El crecimiento desmedido e irregular de un “parque industrial” constituido por termoeléctricas, refinerías de petróleo e incluso por plantas mineras, no sólo ha significado la destrucción del ecosistema marino, sino que también el aumento de las intoxicaciones y las enfermedades crónicas en la población local. Las empresas involucradas han hecho vista gorda a una legislación medioambiental que no está dando cuenta de las necesidades de la ciudadanía, y la carencia de una fiscalización efectiva por parte del Estado ha generado verdaderos espacios de “alegalidad”, sobre todo por la carencia de estándares claros para medir la emisión de una serie de compuestos nocivos para la salud. Son cientos los niños y niñas del sector que han pasado por las salas de urgencia reportando malestares en diverso grado, mientras, paradójicamente, el parque industrial sigue funcionando. Las autoridades han preferido suspender clases y cerrar escuelas a paralizar la actividad industrial, y con ello, la violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a la educación, se ha tornado sistemática.  

    En este conflicto son varios los actores involucrados. Por muchos años, el Estado ha mostrado una actitud bastante laxa a la hora de fiscalizar, mientras que las empresas, a través de redes de clientelismo instaladas tanto en la institucionalidad como en la opinión pública, han monopolizado el acceso a los canales de información y de participación. Sin embargo, la rearticulación colectiva de la comunidad ha sido un verdadero rayo de luz ante este oscuro panorama. Alejandra nos habló sobre grupos de mujeres que durante años se han organizado para resistir y defender sus territorios, y que hoy trabajan codo a codo con la Defensoría Medioambiental para revertir las injusticias. De hecho, en mayo de este año lograron que la Corte Suprema reconociera explícitamente la inacción del Estado en la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía, ordenando de inmediato al ejecutivo la toma de acciones concretas para evitar la profundización del problema. Este fallo marcó un precedente importante en términos del éxito que pueden tener las comunidades organizadas al momento de enfrentarse jurídicamente a las empresas que contaminan sus territorios.

    ¿Qué hacer al respecto? Esta ha sido una pregunta constante a lo largo de este ciclo de conversatorios, y si bien el diagnóstico es bastante negativo, Alejandra insistió en que no debemos darnos por vencidos. Muchos chilenos y chilenas se están organizando para enfrentar la miseria que el modelo neoliberal ha diseminado a lo largo de nuestro país, y si bien de momento es la resistencia el principal foco de lucha, los aprendizajes políticos han sido importantes y pueden contribuir a una mejor organización ante escenarios futuros. El llamado es a estar juntos, a hacer “común unidad” en contra de la depredación empresarial. Hubo consenso en que el aumento de la participación política depende de cambios a nivel educativo y cultural, y una muy buena idea es comenzar por realizar cambios en nuestros propios hábitos de consumo. Recuperar la conciencia social en un país trastocado por la experiencia dictatorial parece un desafío enorme, pero la convicción de personas como Alejandra son un gran ejemplo para las y los que aún pensamos en un mundo mejor. Todo nuestro agradecimiento a ella y a todas las personas que de alguna y otra forma se organizan para enfrentar la peor cara de nuestro modelo económico.